La confluencia entre la Inteligencia Artificial (IA) y la legislación está alcanzando un punto crítico en Europa, dado el rápido avance de la tecnología y los desafíos regulatorios que plantea. Con la presentación del Informe de Competitividad de la Unión Europea en septiembre de 2024, el bloque se enfrenta a la difícil tarea de encontrar un equilibrio adecuado entre regulación e innovación tecnológica.
El informe, elaborado bajo la dirección de Mario Draghi, advierte sobre los peligros de un crecimiento económico estancado y una burocracia excesiva, que podrían entorpecer el progreso tecnológico y el bienestar social en Europa. En respuesta, se proponen diversas políticas sectoriales y horizontales que apuntan a posicionar a la Unión en un nivel competitivo comparable al de Estados Unidos y China. Uno de los aspectos más destacados es la propuesta de un desembolso financiero significativo, que oscilaría entre los 750.000 y 800.000 millones de euros, provenientes tanto del sector público como del privado, equivalentes al 5% del PIB de la UE. De este monto, 450.000 millones de euros estarían destinados a impulsar la transición energética del bloque.
En particular, se ha sugerido una reforma de las leyes de competencia para facilitar fusiones entre corporaciones europeas, una cuestión crítica desde que la Unión Europea bloqueara la fusión entre Siemens y Alstom en 2019. La implementación de estas recomendaciones no solo depende de la aceptación del Consejo Europeo ante las propuestas de Draghi, sino también de factores externos, como la futura presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y las negociaciones del próximo marco financiero plurianual de la UE para el período 2028-2034.
El informe también destaca la urgencia de aumentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) para afrontar la creciente demanda de capacidades computacionales en la era de la inteligencia artificial. Actualmente, Europa se queda atrás en este ámbito, con apenas un 7% del gasto mundial en I+D en software y servicios informáticos, frente al 71% de Estados Unidos y el 15% de China.
No obstante, Europa mantiene una fortaleza en la computación de alto rendimiento (HPC), apoyada por infraestructuras públicas en seis estados miembros. Se espera que el lanzamiento de dos computadoras de exaescala en el futuro impulse significativamente las capacidades de cómputo disponibles para startups de IA, permitiendo a estas nuevas empresas escalar sus operaciones tecnológicas eficazmente.
En paralelo, el modelo digital de la UE sigue desarrollándose con legislaciones como la Ley de Mercados Digitales, diseñada para garantizar la equidad y competitividad del sector digital. Sin embargo, se anticipa una resistencia creciente entre las empresas europeas y estadounidenses, a medida que estas últimas profundizan la integración de la IA en sus tecnologías.
Actualmente, solo el 11% de las empresas europeas adoptan la IA, muy por debajo de la meta del 75% proyectada para 2030. Este bajo nivel de adopción revela deficiencias en el acceso a capital de riesgo y servicios en la nube robustos, a diferencia de las colaboraciones, como la de OpenAI y Microsoft, que se observan en Estados Unidos.
La Ley de IA de la UE, aprobada en marzo de 2024, clasifica los sistemas de inteligencia artificial en distintos niveles de riesgo, y se espera que sus efectos sean evidentes para 2026. Mientras la IA sigue evolucionando rápidamente, el panorama de su regulación promete ser un territorio de intensas emociones y controversias.
En última instancia, el porvenir de la IA en Europa no solo dependerá de la financiación en I+D, sino también de una revisión constante de las leyes de competencia. La posibilidad de conductas colusorias y la inercia del consumidor, impulsada por la fidelidad a la marca y los costos de cambio, representan desafíos que los reguladores deberán abordar con cuidado. Así, se busca evitar la explotación de los consumidores y garantizar un mercado competitivo.
Aunque la implementación de la ley de IA de la UE representa un paso crucial, el rezago del continente en esta tecnología podría reducir su participación en el mercado internacional. Para fortalecer la competitividad y minimizar las prácticas anticompetitivas, será esencial una reforma continua que permita a las empresas europeas prosperar en un entorno global.
