La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, que declara anulados un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, ambos suscritos fraudulentamente a nombre de una clienta de un conocido banco malagueño. Este veredicto se produce en el contexto de un ataque cibernético que implicó el uso de técnicas de «phishing» y «smishing», mediante las cuales los ciberdelincuentes accedieron a las claves bancarias de la afectada.
El caso se remonta a abril de 2022, cuando la clienta, residente en Cangas de Onís, detectó movimientos sospechosos en su cuenta tras recibir una serie de llamadas fraudulentas. A pesar de que no compartió información bancaria directamente, los atacantes lograron vincular un teléfono móvil a su cuenta y, sin barreras, contratar un préstamo instantáneo además de una tarjeta prepago. Las claves bancarias fueron enviadas al nuevo dispositivo vinculado, lo que permitió a los delincuentes acceder a los fondos de la víctima.
Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados y representante de la afectada, destacó que la sentencia subraya la significativa responsabilidad que tienen las entidades financieras en la protección de los activos de sus clientes. El tribunal determinó que el banco no pudo demostrar que había implementado medidas de seguridad adecuadas para prevenir el fraude, lo que puso de manifiesto una falta de diligencia en la vigilancia de las cuentas afectadas.
La resolución judicial hace hincapié en la insuficiencia de los sistemas de autenticación que utiliza la entidad bancaria y su incapacidad para detectar transacciones que representan un riesgo elevado. Además, se obliga al banco a restablecer el estado de la cuenta de la perjudicada al momento anterior al fraude y a asumir las costas del juicio.
Este fallo representa un precedente importante en el ámbito de la ciberseguridad y la defensa de los consumidores financieros. Recalca la necesidad urgente de que las instituciones bancarias implementen controles y tecnologías adecuadas para prevenir estafas que victimizan a sus clientes. La justicia ha destacado que, a medida que avanza la tecnología, debe acompañarla una protección robusta para evitar que los consumidores asuman los riesgos.
