El Observatorio Jurídico de Legálitas ha dado a conocer un análisis detallado basado en más de 1,3 millones de consultas realizadas por ciudadanos en 2025, con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Este estudio ha puesto de relieve que la incertidumbre económica, la tensión en el sector de la vivienda, la complejidad normativa y el incremento de la delincuencia digital han definido el paisaje jurídico en España.
El informe revela que las principales preocupaciones de los españoles se dividen en tres áreas: consumo, laboral e inmobiliario. El 26,39% de las consultas se centraron en el consumo, seguido del ámbito laboral con un 17,41% y el inmobiliario con un 16,40%. Estos datos subrayan cómo el día a día de los ciudadanos está marcado por cuestiones relacionadas con la economía, el empleo y la vivienda.
En cuanto al consumo, la banca sigue siendo un tema prominente, representando un 60,59% de las consultas en este sector. Los problemas vinculados a gastos hipotecarios, tarjetas revolving y cláusulas abusivas son frecuentes. Un evento significativo fue el apagón nacional del 25 de abril de 2025, que aumentó las consultas sobre suministro y facturación.
El ámbito laboral muestra inquietudes sobre la conciliación, bajas médicas y los contratos temporales, influenciados por las recientes reformas laborales. El «autodespido» ha cobrado importancia, reflejando una mayor conciencia sobre los derechos laborales.
El mercado inmobiliario sigue siendo un área tensa, con alrededor del 47% de las consultas relacionadas con alquileres. La escasez de oferta y el alza de precios han generado preguntas sobre la nueva normativa, incluyendo el Índice IRAV y las zonas tensionadas.
En el área fiscal, la declaración de la renta sigue siendo problemática, concentrando el 51,23% de las demandas de asesoramiento. Las estafas online, que constituyen el 54,45% de las consultas relacionadas con delitos, destacan el cambio hacia el crimen digital.
Se espera que 2026 traiga nuevos desafíos legales con la introducción de la Ley de Crédito al Consumo, la ampliación del permiso por nacimiento, renovaciones de contratos de alquiler y la obligación de asegurar vehículos personales ligeros como los patinetes eléctricos, incrementando así la necesidad de asesoramiento legal.
