En un esfuerzo por mantener el liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), Estados Unidos ha redoblado su atención en las políticas que rigen esta innovadora tecnología. Este trayecto comenzó con la promulgación de la Ley Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial de 2020, convertida en ley en 2021, que estableció un marco integral para supervisar y evaluar los sistemas basados en IA en el país.
En 2022, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca presentó el Blueprint para una Carta de Derechos de la IA. Este documento, creado tras un año de consulta pública, busca proteger los derechos de los ciudadanos frente a sistemas automatizados, estableciendo cinco principios fundamentales para el desarrollo y gestión de estas tecnologías.
El lanzamiento de herramientas como ChatGPT, cuyo potencial económico podría alcanzar los 2.1 billones de dólares, ha generado inquietudes sobre su uso en ámbitos críticos, como el sistema de justicia, debido a su vertiginosa evolución. En respuesta, el presidente Biden emitió en octubre de 2023 una orden ejecutiva para establecer un ambiente de IA seguro y fiable. Esta iniciativa exige que las empresas que desarrollan los sistemas más avanzados compartan sus datos de seguridad con el gobierno, especialmente si representan un riesgo para la seguridad nacional o la salud pública.
El entramado regulatorio de las leyes antimonopolio en Estados Unidos, como la Ley Sherman y la Ley Clayton, enfrenta el desafío de adaptarse al vertiginoso avance de la IA. Diseñadas para preservar la competencia libre de monopolios y prácticas desleales, estas leyes deben ahora hacer frente a las complejidades de la era digital.
A nivel estatal, la Ley de IA de Colorado ha marcado un camino en la regulación de la IA, centrándose en sistemas de alto riesgo y exigiendo a los desarrolladores implementar medidas de seguridad y compartir información crucial sobre sus modelos.
Pese a estos avances, Estados Unidos todavía lidia con el reto de fomentar la innovación mientras implementa salvaguardias que protejan a los consumidores y aseguren la competencia justa. Las leyes específicas de competencia digital aún están en proceso de aprobación, mostrando que el país tiene un camino por recorrer para regular eficazmente la IA. En este contexto, la colaboración entre los sectores público y privado será esencial para crear un marco regulador equitativo y efectivo para estas tecnologías emergentes.
